AC2849-2017

Radicación n° 11001-31-10-010-2014-00164-01


Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).



Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación formulado por el demandado frente al fallo de 18 de enero de 2017 proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Libia Inés Palacios Bellón contra Leónidas Sánchez Rodríguez.


  1. ANTECEDENTES


1.        La demandante formuló pretensión declarativa de la existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes «desde el 20 de diciembre de 2008 de hasta el 28 de diciembre de 2013», que mereció oposición del convocado.


La decisión definitiva en primera instancia la profirió el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogotá el 28 de julio de 2016, estimando parcialmente las pretensiones, al limitarse a reconocer la unión marital de hecho en el periodo 27 de abril al 28 de diciembre de 2013.


2.        Ante la apelación de la reclamante, el fallo de origen fue modificado y adicionado por la Sala de Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 18 de enero de 2017, en la que fue reconocida no sólo la unión marital de hecho, sino la sociedad patrimonial; ambas, durante el lapso comprendido entre el 1º de agosto de 2009 hasta el 28 de diciembre de 2013.


3.        Frente a la anterior decisión, el convocado interpuso recurso de casación, en la que a pesar de estimar improcedente la ejecución de la sentencia, solicitó la suspensión de su cumplimiento mediante el ofrecimiento de caución, «si así lo considera la señora Magistrada sustanciadora».


En respuesta, el Despacho mediante auto de 1º de febrero de 2017, concedió la impugnación extraordinaria al entender reunidos los requisitos legales y sosteniendo que «por virtud del artículo 341 del Código General del Proceso, se suspenden los efectos de la sentencia».


  1. CONSIDERACIONES


1.        La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.


De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al Tribunal con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, AC5735-2016, entre muchos otros).


2.        En principio, el recurso extraordinario de casación no impide la realización de los mandatos contenidos en la sentencia contra la cual se dirige (inc. 1º, art. 341 del C.G.P.); regla de la cual sólo se exceptúan algunos eventos concretos, a saber: (i) fallo que verse sobre el estado civil; (ii) sentencia meramente declarativa y; (iii) providencia recurrida por ambas partes.


Por ello, el legislador estableció una suerte de cargas y gestiones encaminadas a garantizar que el promotor de la impugnación extraordinaria provea lo necesario para la realización del fallo, sin perjuicio de la remisión del expediente original a la Corte para la tramitación a su cargo.

Una variable de la pauta enunciada, es la posibilidad que tiene el interesado de «solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada», potestad que trae aparejado el deber de ofrecer «caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella» (inc. 4, ibídem).


Dicha prerrogativa debe ejercitarse franca y protagónicamente «En la oportunidad para interponer el recurso», sin perjuicio de que en esa precisa ocasión la invocación de la garantía también pueda formularse de forma subsidiaria o eventual, en el supuesto de que la tesis del impugnante sobre la improcedencia de la ejecución no sea acogida por el Magistrado Sustanciador.


3.        En el presente caso, no es posible predicar que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de verificar la totalidad de los presupuestos que habilitan la remisión del plenario a la Corte a fin de impartir trámite al recurso extraordinario de casación, puntualmente, en lo que respecta a la certera determinación de los mandatos ejecutables del pronunciamiento cuestionado.


3.1.        Toda vez que la sentencia del Tribunal no versó exclusivamente sobre la prosperidad de la pretensión relativa al estado civil, esto es, la que declaró la existencia de la unión marital de hecho, sino que también reconoció la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, decretando su disolución y liquidación, las que son de índole patrimonial, dicho fallo es susceptible de cumplimiento, máxime cuando no se configura ninguno de los demás eventos contemplados en el inciso 1º artículo 341 del Código General del Proceso, que impida la ejecución.


La situación comentada ha sido examinada de tiempo atrás por esta Corporación y sobre ese particular, entre otros, en proveído CSJ AC1327-2015, rad. n° 2011-00475-01, expuso:


(…) El juzgador de segundo grado pasó por alto que la sentencia estimatoria de las pretensiones declaró la unión marital conjuntamente con la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, disponiendo respecto de ésta, su disolución y liquidación.


Desatendió así que cuando a las reclamaciones vinculadas al ‘estado civil’ se acumulan otras con alcances pecuniarios, como acontece en este caso, tal situación les resta el carácter de estar ceñidas sólo a ese aspecto, por los alcances económicos asociados, que conducen a un estudio minucioso sobre la ejecutabilidad o no de las decisiones tomadas en las instancias.


Igualmente, en providencia CSJ AC5663-2014, rad. n° 2012-00274-01, sostuvo:


(…) si bien la unión marital de hecho atañe a un estado civil, cual así lo dejó sentado la Corte1, esto mismo no puede predicarse de la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.


Si la decisión, por lo tanto, no versaba ‘exclusivamente’ sobre el estado civil, ni era ‘meramente’ declarativa, en los términos del (…) [hoy artículo 341 del Código General del Proceso,] esto denota la posibilidad de ejecución, precisamente, frente a la existencia de acciones judiciales o notariales encaminadas, según se ordenó, a liquidar la universidad jurídica.


3.2.        A diferencia de otros eventos que han ocupado la atención de la Corte, en el presente no se verifica una hipótesis de omisión en la determinación del carácter ejecutable del fallo, sino que por el contrario, y aunque de forma general, la Magistrada Sustanciadora sentó expresa postura sobre el particular cuando sostuvo «por virtud del artículo 341 del Código General del Proceso, se suspenden los efectos de la sentencia».


El referido criterio no se aviene a la naturaleza y alcance de la resolución jurisdiccional censurada ni a la línea jurisprudencial que consistentemente ha reconocido su carácter ejecutable, conforme a lo expuesto en anterioridad.


De manera que es menester proceder al correctivo de rigor sin consecuencia adversa al recurrente, en tanto que la declaratoria de deserción tan sólo está prevista para el incumplimiento de la carga procesal debidamente impuesta en relación con el suministro de las expensas necesarias para la expedición de copias.  Así mismo es preciso señalar que en esta clase de eventos «resulta paradójico exigirle al recurrente, a quien sin lugar a dudas esa determinación le favorece, que cuestione una providencia judicial que no le perjudica, amén que comporta enrostrarle todas las consecuencias de un yerro ajeno» (CSJ AC 22 sep. 2014, Rad. 2012-00274-01).


3.3.        Ante la existencia de petición de suspensión del cumplimiento de la sentencia respaldada en ofrecimiento de caución, la deficiencia advertida no puede superarse con la orden de expedición de copias ante la Corte que en aplicación de los principios de economía y celeridad viene dictando este Despacho.


En tal escenario es necesario devolver la actuación al Despacho de origen en tanto que las labores de fijación y calificación de la caución, así como el decreto de la suspensión, si fuera el caso, son de su exclusivo resorte, según lo establece el inciso 5º del artículo 341 del Código General del Proceso.


La anterior hermenéutica, ha sido defendida por la Sala desde la perspectiva de las previsiones del Código de Procedimiento Civil, y conserva vigencia en el estatuto actual, dado que respecto del particular tema aquí analizado no se evidencian variaciones significativas, siendo pertinente remitirse a lo entonces ilustrado (AC, 21 mar. 2014, rad. 1997-01939-01, AC2263-2015 y AC6725-2016).


4.        En suma, la habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, ante el impreciso análisis del carácter ejecutable de la sentencia cuestionada, lo cual impidió que fuera debidamente atendida la solicitud de suspensión del cumplimiento con ofrecimiento de caución.

En consecuencia, se impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que proceda de conformidad con los lineamiento pertinentes, en especial, los aquí resaltados.



  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.


SEGUNDO.        DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.



Notifíquese,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado



1 CSJ. Civil. Auto 125 de 18 de junio de 2008, expediente 2004-00205-01.